El Gobierno aprueba medidas para avanzar hacia un sector energético completamente renovable para el año 2050. La iniciativa busca modernizar la industria y generar empleo sostenible, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
El Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros tiene como objetivo impulsar las energías renovables para impulsar la recuperación económica post-COVID-19. Se pretende que España obtenga toda su electricidad de fuentes sostenibles antes de 2050.
Según la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estas medidas no solo beneficiarán al sector energético, sino que también reducirán la dependencia de fuentes de energía importadas y disminuirán el costo de la electricidad. Ribera destaca que las energías renovables son actualmente la fuente más económica de generación de electricidad.
Se espera que estas acciones mejoren la competitividad y modernización de la industria, creando empleos sostenibles y de calidad vinculados al territorio, mientras se aborda el cambio climático.
El Gobierno considera que España está en una posición óptima para liderar esta transición hacia un sistema energético sostenible, dadas sus condiciones climáticas favorables y la madurez y capacidad de crecimiento del sector de las renovables.
El Real Decreto-ley también aborda la especulación en el sector energético, estableciendo un nuevo marco legal para garantizar estabilidad y certidumbre. Se ha diseñado un sistema de subastas actualizado y se regula el almacenamiento de energía, además de fomentar la hibridación de tecnologías renovables.
Para mitigar el impacto del COVID-19 en el sector, se han tomado medidas como la recalculación de la retribución para algunas instalaciones y la habilitación del superávit de ingresos para cubrir desajustes en el sistema eléctrico.
Se promueve una transición justa hacia las energías renovables en áreas donde se cierran centrales de carbón, y se incentiva la movilidad sostenible mediante la declaración de utilidad pública de las infraestructuras para estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
Además, se implementan medidas adicionales, como el aumento de bonificaciones fiscales para la innovación tecnológica en la industria automotriz y la extensión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030. También se autorizan ayudas para la instalación de energía solar fotovoltaica en Canarias.